Las organizaciones de derechos humanos y activistas saharauis son perseguidas y criminalizadas para impedirles reivindicar su causa y hasta sus derechos más básicos. Por ello también les niegan a dichas organizaciones el registro oficial por lo que estas se ven obligadas a operar en la clandestinidad.

El objetivo de estas violaciones de derechos humanos por parte de Marruecos es reprimir cualquier postura disidente a los planteamientos de la potencia ocupante y para lograrlo, Marruecos no sólo limita el ejercicio de la defensa de la causa saharaui, sino que ejerce un bloqueo mediático, impidiendo de forma constante el acceso al territorio de los medios y activistas extranjeros/as.

A la vez que realiza, con total impunidad, persecuciones, acoso, detenciones, torturas, calumnias, difamaciones e injustificadas penas de cárcel que constituyen el día a día de la población saharaui. Así mismo las personas defensoras son sometidas a un continuo hostigamiento, violando su derecho a la libre circulación, a la libertad y la seguridad.

Los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación se ven violentados constantemente y, si hay una confrontación directa con las fuerzas de ocupación marroquíes, se ve traducida en arrestos y juicios. Cuando los y las activistas saharauis son detenidos/as y puestos a disposición judicial, no se respetan las garantías procesales, se violenta el derecho a la igualdad ante los tribunales, generándose una situación de discriminación por motivos ideológicos. En este ámbito, se alimenta la sensación de impunidad, al instrumentalizarse el sistema de justicia para la represión de la disidencia pacífica, manipulando los encausamientos con el objetivo de disfrazarlos de delitos comunes y esconder la existencia de presos y presas políticos en las cárceles marroquíes.

Por último, y donde se dan los hechos más graves por el grado de opacidad, es en las cárceles, donde activistas saharauis cumplen condenas emitidas por tribunales marroquíes. El derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es vulnerado por las instituciones penitenciarias, sometiendo a los reos saharauis a unas condiciones de estancia en prisión contrarias a la normativa internacional. Como consecuencia de estas condiciones en las cárceles, el Estado Marroquí vulnera el derecho fundamental a la vida y a la integridad física. La insalubridad y los abusos provocan enfermedades y secuelas que han conducido a la muerte de muchas personas saharauis. Cuando las y los activistas saharauis abandonan la cárcel, regresan, excepto si renuncian a sus convicciones y reivindicaciones, al primero de los escenarios de hostigamiento y detenciones, volviendo a sumergirse en la espiral represiva desarrollada por Marruecos.

Sin embargo, este contexto represivo ha tenido efectos paradójicos de generar mayor resiliencia pues ya no se sentían aisladas gracias a las redes sociales y las organizaciones internacionales que difundían lo que estaban sufriendo. Este cambio en el manejo del miedo y del poder de control sobre la gente también ha supuesto en el caso de las mujeres, una revalorización de su identidad y de su papel dentro de la lucha de su pueblo por la autodeterminación del Sahara Occidental.

Las vulneraciones de derechos humanos por parte de Marruecos se han acrecentado con la nueva declaración de guerra dónde se están produciendo nuevas represalias a través de una ola de represión arbitraria y violenta de civiles saharauis en territorios ocupados. Las organizaciones saharauis de derechos humanos Equipe Media y Nushatta Foundation han denunciado el asedio impuesto a los territorios ocupados, entre el 13 y el 28 de noviembre de 2020, más de 35 jóvenes saharauis han sido detenidos, entre los que se incluyen numerosos menores de entre 16 y 17 años. Estas organizaciones denuncian, asimismo, la detención y tortura de una niña de 12 años en manos de la policía marroquí detenida por haber asistido a la escuela con una camiseta con la bandera del Sahara Occidental.

La situación de represión en el Sáhara Occidental empeoró aún más el pasado mes de noviembre, cuando el ejército marroquí violó la desmilitarización del paso fronterizo del Guerguerat y el Frente Polisario respondió dando por roto el alto al fuego que imperaba en la zona desde 1991. En eso se le sumó el reconocimiento por parte de la Administración del anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del Sáhara Occidental como parte del Marruecos de manera simultánea en que este reconociera el Estado de Israel, cosa que dio alas a Rabat para actuar con impunidad.

Las Cortes de Aragón el 3 de Diciembre de 2020 pasado aprobaron una PNL expresando su firme apoyo al pueblo #saharaui y a su legítimo representante (Frente Polisario) en la lucha por la autodeterminación e independencia del #SaharaOccidental. El Debate de la Proposición no de Ley número 427/20, sobre el apoyo y solidaridad al pueblo saharaui y a su legítimo representante del Frente Polisario fue presentada por los GG.PP. Socialista, Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), Podemos Equo Aragón, Chunta Aragonesista, Aragonés y Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón (G.P. Mixto)

También por parte de la sociedad civil, numerosos colectivos aragoneses - entre ellos: el Observatorio Aragonés de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, las asociaciones de amigos del Pueblo saharaui en Aragón -UM Draiga y El Comité de Solidaridad Internacionalista (CSI) - han mostrado su solidaridad con el pueblo saharaui, pidiendo a la ONU que se cumplan los acuerdos para la celebración de un referéndum de autodeterminación, paralizado desde 1991 por Rabat ante la pasividad de la comunidad internacional.